
En un contraste llamativo, Estados Unidos inicia una investigación sobre los impactos negativos del uso de banderas de conveniencia en la marina mercante, mientras que Argentina habilita por decreto la participación de buques extranjeros en el cabotaje nacional, desprotegiendo a su propia flota y trabajadores.
El pasado 22 de mayo, la Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación no adjudicativa titulada “Investigation Into Flags of Convenience and Unfavorable Conditions Created by Certain Flagging Practices”. El objetivo: evaluar si las prácticas de abanderamiento en países con baja regulación están generando condiciones desfavorables para el comercio y la seguridad marítima de Estados Unidos. Aunque no implica sanciones inmediatas, el estudio podría desembocar en futuras normativas más restrictivas.
La preocupación se centra en el uso de las llamadas banderas de conveniencia, una práctica mediante la cual armadores registran sus buques en países con exigencias laxas en materia laboral, fiscal y de seguridad. Según la FMC, estas banderas permiten operar con tripulaciones mal entrenadas, sueldos bajos y nulo mantenimiento, lo que aumenta los riesgos operativos y la precarización laboral. El organismo cita incidentes graves como el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, causado por el buque MV Dali, como ejemplos de las consecuencias de estas prácticas.
Mientras tanto, en un giro opuesto, el Gobierno argentino publicó el Decreto 340/2025 apenas un día antes, el 21 de mayo, autorizando a buques de bandera extranjera a operar en el cabotaje nacional, es decir, en rutas de navegación entre puertos del mismo país. Esta actividad, históricamente reservada al pabellón nacional, queda ahora abierta a embarcaciones extranjeras que operan bajo regulaciones menos exigentes.
La medida ha generado una fuerte reacción entre sindicatos, empresarios navieros y trabajadores del sector, quienes advierten que se está creando una competencia desleal. Mientras las embarcaciones argentinas deben cumplir con normas estrictas de seguridad, salarios y derechos laborales, los buques extranjeros podrían operar con costos mucho menores, vulnerando el empleo local y debilitando la industria naval nacional.
El documento de la FMC subraya que las banderas de conveniencia no solo afectan el empleo y la seguridad marítima, sino que también se vinculan con prácticas comerciales oscuras y actividades ilícitas. Desde esa óptica, la decisión argentina podría incrementar la exposición del país a riesgos ambientales, económicos y de seguridad.
La coincidencia temporal entre ambas acciones refleja una clara divergencia de políticas. Mientras EE.UU. busca frenar una práctica que considera una amenaza estructural para su comercio exterior, Argentina adopta una medida que podría favorecer justamente esas condiciones adversas. La investigación de la FMC, en este contexto, podría servir como insumo crítico para revisar y revaluar las implicancias de la apertura del cabotaje a buques foráneos.
En definitiva, lo que para algunos representa una liberalización del sector, para otros constituye un retroceso en términos de soberanía, empleo calificado y protección del trabajo marítimo argentino. La discusión está abierta, y el rumbo elegido por Argentina promete seguir generando debate.