GustavoGonzalez 
Agencias de viajes y prestadores turísticos denunciaron el cierre de los ingresos a la pingüinera y a la Boca de la Caleta, una medida tomada por la familia propietaria de los campos que amenaza la temporada y cientos de puestos de trabajo.
En ese contexto el sector turístico de Puerto Madryn atraviesa una fuerte preocupación tras el bloqueo de los accesos a la pingüinera y a la Boca de la Caleta, dos de los principales atractivos de Península Valdés. La denuncia fue realizada por Santiago Sussanich, representante de las agencias de viajes locales, quien señaló que la medida fue dispuesta por Susana Cereijo, apoderada de la familia Ferro, propietaria de gran parte de los campos de la zona.
Según explicaron desde el sector, los caminos internos que históricamente permitieron el ingreso de turistas fueron cerrados con candados, impidiendo el normal desarrollo de excursiones y visitas guiadas. La situación impacta de lleno en agencias, guías, transportistas y en toda la cadena turística que depende de estos circuitos.Desde las agencias advierten que el cierre se produjo luego de negociaciones frustradas, en las que los propietarios habrían exigido un canon económico de 7.000 dólares mensuales.
considerado inviable por el sector. Mientras tanto, la falta de una solución inmediata pone en riesgo la temporada turística y genera incertidumbre entre trabajadores y empresarios.El conflicto vuelve a encender el debate sobre los límites de la propiedad privada cuando se superpone con actividades de interés público, como el turismo y la conservación ambiental, y expone la necesidad de una intervención clara del Estado provincial para garantizar el acceso y proteger una de las principales fuentes de ingreso de la región.
Sussanich explicó que, inicialmente, la familia Ferro aludió a una supuesta falta de cuidado y control del lugar. Ante esto, el Ministerio de Turismo y la administradora accedieron a diversas exigencias técnicas y de conservación. Sin embargo, una vez resueltos esos puntos, apareció el reclamo monetario.»Se le dio respuesta a todo y luego apareció la cuestión económica», relató el referente de las agencias. Según su testimonio, la propuesta de Cereijo consistía en que el Estado realizara los arreglos del sitio, elaborara un plan de manejo, pusiera personal de cuidado y, además, abonara la cifra en dólares mencionada. «Es un lugar que queda de paso y no tiene infraestructura, el Estado ya ha aportado a esos sitios», añadió Sussanich, diferenciando este caso de otros emprendimientos privados que sí ofrecen servicios de gastronomía o traslados.
