Gustavo González 
El Ministro de Economía, Luis Caputo, ha activado un proceso controvertido que podría despedir a más de 300 empleados de planta permanente de importantes organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En ese contexto publicado el 22 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial, la Resolución 1240/2025 establece la disponibilidad de más de 300 trabajadores, justo después de una contundente derrota legislativa del Gobierno Libertario. La resolución acompaña un listado de personal afectado, lo que genera preocupación entre los sindicatos y la oposición.
La reacción no se ha hecho esperar. Daniel «Tano» Catalano, líder de ATE Capital, arremetió contra Caputo en redes sociales, denunciando un desconocimiento del Poder Legislativo y la desconsideración hacia los derechos laborales. En este sentido, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya ha demandado al Gobierno Nacional, solicitando la suspensión de estas resoluciones que vulneran el derecho a la estabilidad laboral.
La legalidad de este régimen de disponibilidad está bajo cuestionamiento. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, subrayó que las resoluciones ministeriales son arbitrarias y no pueden justificarse ni por las facultades delegadas ni por la Ley Bases, lo que ha llevado a anticipar que esta medida podría terminar en el ámbito judicial.
Con un panorama incierto y una creciente tensión en el ámbito laboral, el futuro de cientos de empleados públicos está en juego. La respuesta de la justicia a esta controversia será crucial para la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores en Argentina.
