
Según datos de la SRT, en los primeros 19 meses del gobierno de Javier Milei cerraron más de 15.000 empresas y se destruyeron casi 220.000 puestos de trabajo. Analistas advierten que no se avizoran signos de reactivación en el corto plazo.
El impacto de la política económica se tradujo en un retroceso sin precedentes para el mercado de trabajo formal y el entramado productivo. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró la desaparición de 15.302 empleadores y la pérdida de 219.256 empleos registrados.
El concepto de “unidades productivas” de la SRT incluye tanto empresas privadas como organismos públicos, todos afectados por la contracción. El número de empleadores pasó de 511.337 a 496.035 en poco más de un año y medio.

Un análisis del CEPA expuso que la crisis impactó con más dureza en las grandes compañías: siete de cada diez empleos perdidos corresponden a firmas con más de 500 trabajadores. En contraste, las pymes fueron responsables de menos de un tercio del recorte total.
Por sectores, la administración pública encabezó la reducción con casi 90.000 empleos menos. Le siguieron la construcción (-81.463), el transporte y almacenamiento (-53.101) y la industria manufacturera (-43.063). El retroceso de la construcción resulta alarmante: en apenas 19 meses perdió el 17,1% de su dotación laboral.
Los datos macroeconómicos confirman esta tendencia: el EMAE se redujo 0,7% en junio, mientras que la industria cayó 2,3% en julio y la construcción 1,8%. La producción automotriz retrocedió 6,1% en agosto y la metalurgia, según Adimra, 6,1% interanual en julio.
La incertidumbre electoral y la falta de un horizonte de reactivación complejizan aún más el panorama. La volatilidad cambiaria, el elevado costo del crédito y las tasas de interés reales positivas completan el cuadro de una economía en retroceso que aún no encuentra piso.