Gustavo González 
Tras la renuncia de Mariana Hortal Sueldo como Secretaria de Trabajo el gobierno de Javier Milei designo a Liliana Alonso de Archimbal como nueva subsecretaria de Regulaciones de Trabajo.
En ese marco este cambio en la cartera lavoral refleja la consolidación de un armado proempresarial en la estructura de gestión, liderada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Alonso de Archimbal es una funcionaria de carrera con una extensa trayectoria en la cartera laboral, reconocida por su exquisito perfil técnico, según referencias internas. Su nombramiento refleja la construcción emprendida por el Grupo Techint dentro del exministerio, en sintonía con la visión de Cordero. Se destaca su ausencia de agenda sindical, lo que podría dificultar el acceso de los gremios a la Secretaría, fortaleciendo así el vínculo con el sector empresarial.
Ademas La nueva subsecretaria de Relaciones del Trabajo ocupará el lugar dejado por Hortal Sueldo, quien a su vez había sucedido a Horacio Pitrau, ambos cercanos al exministro Jorge Trica. En las próximas semanas se observará la influencia que Trica pueda ejercer en este nuevo armado, con una botonera reducida.
Asimismo La movida de Cordero en la estructura de poder de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, evidencia la estrategia que el Gobierno busca profundizar, en medio de reclamos y protestas latentes por parte de los sindicatos debido a los retrasos en la homologación de paritarias y el freno de expedientes.
Alonso de Archimbal ha desempeñado roles clave en la cartera laboral, desde la gestión de Jorge Triaca padre hasta su jubilación en la gestión de Claudio Moroni, pasando por períodos de gobierno de distintas orientaciones políticas. Con una amplia formación académica, su experiencia como abogada y su participación en distintos organismos y consultoras, la posicionan como una figura de peso en el ámbito laboral y administrativo.
La llegada de Liliana Alonso de Archimbal a la Secretaría de Trabajo marca un cambio significativo en la gestión laboral del Gobierno, consolidando una línea proempresarial y generando interrogantes sobre el futuro de las relaciones laborales y sindicales en el país.
