
Tras un operativo llevado a cabo por la Policía Federal en Ituzaingó y Merlo, se logró la incautación de máquinas estéticas ilegales y potencialmente dañinas para la salud, que se vendían a través de redes sociales.
Esta acción fue el resultado de una minuciosa investigación que puso al descubierto un esquema de comercialización de equipos sin la debida autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
En ese marco personal policial de Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal, comenzó una investigación a inició del 2024, a partir de tareas de ciberpatrullaje realizadas por agentes de la División Mediante el monitoreo de redes sociales y plataformas de comercio virtual, se identificó a un usuario que promocionaba equipos destinados a tratamientos estéticos que no contaban con la correspondiente revisión técnica ni autorización para su producción y distribución.

Los investigadores, haciéndose pasar por clientes, realizaron las indagaciones necesarias que confirmaron que el responsable de esta operación operaba desde un departamento localizado en Medrano al 100, Ituzaingó. Con esta información, se solicitó una orden de registro al Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
Cabe señalar que los allanamientos realizados en Ituzaingó y en el domicilio del acusado, en la calle 11 de Noviembre al 600 de San Antonio de Padua, resultaron en la incautación de un total de siete máquinas de podología, dos máquinas de depilación, y varias más destinadas a tratamientos de celulitis y criolipolisis. Estos equipos, identificados por ANMAT, carecían de la autorización necesaria para su comercialización en el país, generando un alto riesgo para la salud de los usuarios.

Las fuentes de la investigación alertaron sobre los riesgos que implican estas máquinas, ya que su mala calibración podría derivar en graves lesiones cutáneas, como quemaduras o afecciones visuales. A pesar de la gravedad de los hechos, el acusado no fue detenido. Sin embargo, fue notificado del inicio de un proceso penal en su contra por infracción a la Ley 26.524, que penaliza los Delitos contra la Salud Pública.

Por otra parte, las tres personas halladas en el inmueble de Ituzaingó han sido consideradas testigos en este caso: una de ellas era cliente, mientras que las otras dos trabajaban para el acusado. La situación legal del denunciado se mantiene bajo investigación, mientras que las autoridades continúan con el análisis de los equipos secuestrados.
Este caso pone de manifiesto la importancia de regular el uso y la comercialización de equipamiento médico y estético, a fin de proteger la salud de la población y garantizar la seguridad de los procedimientos estéticos.