
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, ha decidido impulsar una denuncia penal contra delegados gremiales en el marco del paro de subtes que tuvo lugar este miércoles en la red porteña. Este paro se realizó en el contexto de la medida de fuerza convocada por la Mesa Nacional de Transporte, que buscaba visibilizar el descontento ante las políticas del gobierno de Javier Milei.
En el marco del paro organizado por la Mesa Nacional de Transporte Javier Ibáñez, presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), anunció que la empresa se ha presentado como querellante en la causa penal promovida contra los delegados que impidieron el funcionamiento del servicio, lo que afectó a miles de ciudadanos que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. “SBASE se presentó, por orden del jefe de Gobierno Jorge Macri, como querellante en la causa penal promovida por la empresa concesionaria contra los delegados gremiales que impidieron el funcionamiento de los subtes, perjudicando a miles de ciudadanos”, manifestó Ibáñez.

El funcionario también expresó que la administración porteña espera que la Justicia actúe con severidad: “Esperamos que la Justicia aplique todo el peso de la ley sobre quienes pretenden usar su representación gremial para perpetrar delitos”, afirmó. Ibáñez subrayó que “el Gobierno porteño no será tolerante con aquellos que incumplan las leyes y normas establecidas”, dejando claro que se tomarán medidas firmes contra cualquier acción que se considere ilegal.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) justificó su participación en el paro general, argumentando que se trataba de una protesta “por la Soberanía, en defensa de Aerolíneas y de todos los argentinos que sufren el brutal ajuste del gobierno de Milei”. La AGTSyP ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos laborales de sus afiliados y la necesidad de visibilizar el impacto de las políticas de ajuste en el sector.La decisión del gobierno de Macri de avanzar con una denuncia penal contra los delegados gremiales ha generado un fuerte debate en el ámbito sindical y político, con críticas de diversos sectores que consideran que esta medida busca deslegitimar la protesta social y limitar el derecho a la huelga.
Mientras tanto, la AGTSyP y otros sindicatos continúan organizando acciones en defensa de sus derechos y en contra de las políticas consideradas perjudiciales para los trabajadores.Este conflicto pone de relieve la tensión existente entre el gobierno de la ciudad y los sindicatos, en un contexto donde las medidas de ajuste y las protestas sociales parecen estar cada vez más entrelazadas.