La justicia condeno a 7 años de prisión a la funcionaria judicial de Quilmes que vendía drogas en su casa

Un jurado encontró culpable a la funcionaria judicial de Quilmes que vendía drogas desde su casa en el barrio de El Dorado.
En ese sentido ayer lunes, se conoció la sentencia, que condeno a 7 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En ese marco Luciana Gisela D’Angelo, auxiliar letrada de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°7 de Florencio Varela. llegó a esta instancia en libertad, después de haber sido acusada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por su calidad de funcionaria pública. La vivienda que compartía con su pareja, Matías Furingo, era utilizada como punto de venta de drogas.

Cabe destacar que D’Angelo fue detenida, ya que se rechazó su pedido de cumplir la pena de manera domiciliaria. La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena había solicitado una pena de 9 años de cárcel para la imputada.Los hechos por los que fueron acusados ocurrieron en 2019 y salieron a la luz a través de una denuncia que señalaba la vivienda en la calle Juan V. González como un lugar de venta y dosificación de estupefacientes. En un allanamiento realizado el 12 de septiembre de ese año, la Policía secuestró marihuana, cocaína, morfina, codeína, opio y heroína, drogas que estaban listas para ser comercializadas.

El juicio, que se inició el 25 de marzo, contó con la participación de un jurado popular compuesto por doce vecinos. Después de analizar las pruebas presentadas, el jurado declaró a D’Angelo culpable de los cargos imputados.La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena solicitó una pena de 9 años de prisión para D’Angelo, argumentando la gravedad de los delitos cometidos. Sin embargo, el tribunal dictaminó una condena de 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.La sentencia ha generado un debate sobre la responsabilidad y la ética de los funcionarios judiciales. Se espera que este caso sirva como ejemplo de que nadie está por encima de la ley y que los actos de corrupción y delitos deben ser castigados con severidad, incluso cuando involucran a personas que ocupan cargos públicos.La comunidad de Quilmes y Florencio Varela espera que este caso marque un precedente en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el sistema judicial. Asimismo, se espera que las autoridades implementen medidas para fortalecer la transparencia y la integridad en el ámbito judicial, garantizando así la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.