Gustavo González 
En un contexto de creciente tensión social y económica, el presidente Javier Milei impulsa reformas que profundizan el ajuste y atacan los derechos de la clase trabajadora. La reciente publicación de la Resolución 1066/25 en el Boletín Oficial marca un nuevo avance en esta agenda, que busca implementar los Fondos de Cese Laboral, un mecanismo que amenaza con reemplazar la indemnización por despido, favoreciendo los intereses empresariales sobre los derechos laborales.
En ese sentido la Resolución 1066/25 establece la reglamentación de los Fondos de Cese Laboral, un viejo anhelo de los empresarios que desean despedir a sus empleados al menor costo posible. Este sistema, ya vigente en Argentina, se ha popularizado en la Uocra, el sindicato de la construcción, bajo el control del gremialista Gerardo Martínez durante más de tres décadas. Bajo este esquema, la patronal aporta mensualmente un porcentaje del salario del trabajador a una cuenta bancaria especial. En caso de despido, el empleado puede retirar ese monto, convirtiéndose en el responsable de su propia indemnización y, en consecuencia, abaratando los costos para las empresas.
Este modelo fue reforzado con la aprobación de la Ley Bases en junio de 2024, que recibió el respaldo del PRO, la UCR y una fracción del peronismo y que incluyó disposiciones que facilitan despidos. Esta normativa fue reglamentada posteriormente por el Decreto N° 847/2024 en septiembre, lo que evidencia un claro ataque a los derechos laborales.
La nueva resolución abre la puerta a una consulta pública para definir los productos financieros que respaldarán estos fondos, con el objetivo de «impulsar el desarrollo del mercado de capitales». Este planteamiento, confirmado por Roberto Silva, titular de la CNV, plantea una herramienta más para la especulación financiera, en un contexto en el que esos fondos se destinarían aparentemente a cubrir costos de indemnización.
El contenido de la resolución deja entrever las verdaderas intenciones del Gobierno y de los sectores patronales. En sus considerandos, se menciona que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 tiene como finalidad el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los valores negociables dentro de dicho mercado. Esto resalta cómo, en vez de proteger los derechos de los trabajadores, el enfoque está puesto en beneficiar a las grandes empresas y al sector financiero.
A pesar de estos claros ataques, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha guardado silencio, optando por evaluar la normativa antes de pronunciarse. Como ha señalado el abogado del cuerpo legal de la CGT, la estrategia parece ser evitar una reacción inmediata. Este silencio es particularmente preocupante, dado que ocurre simultáneamente con los esfuerzos del gobierno para limitar las paritarias y atacar el salario de los trabajadores.
El objetivo de Milei y su Ministro de Economía, Caputo, de controlar la inflación a expensas del bienestar de la clase trabajadora se vuelve cada vez más evidente. La falta de acción contundente por parte de los sindicatos, que han optado por una tregua con el Gobierno, pone de manifiesto un panorama sombrío para los derechos laborales en Argentina. El desafío es movilizar a la clase trabajadora ante estos avances que ponen en riesgo su dignidad y sus derechos fundamentales.
